El Estado les debe a los prestadores y las familias se endeudan para pagar tratamientos: la crisis del sistema de discapacidad en primera persona

La crisis del sistema de apoyos para personas con discapacidad, el ajuste en las pensiones y los problemas de salud mental forman un combo letal que se retroalimenta con el endeudamiento familiar. Página/12 recogió testimonios de madres y trabajadores con discapacidad que no pueden pagar sus préstamos, mientras el Estado mantiene una deuda millonaria con los prestadores. Ambos temas volverán a debatirse en Diputados esta semana.

Durante la marcha del miércoles, los universos de los endeudados y las familias del colectivo de discapacidad se cruzaron por primera vez. Julieta Molina, madre de un niño con discapacidad severa, habló frente al Congreso: “Me endeudé para sostener la vida de mis hijos. Dejaron de cubrir medicaciones. Me endeudé con la tarjeta por 1.500.000 pesos este mes. La vergüenza tiene que cambiar de bando: son ellos los que deberían tener vergüenza”.

Julieta explica que las madres cuidadoras son las más empobrecidas y que el problema comienza con el ajuste en discapacidad, sigue con el abuso de bancos y fintech, y termina en prestamistas informales. “El centro de mi hijo pasó de cinco días a tres. Sin apoyos, sin terapias, todo lo cubrimos de nuestro bolsillo. Primero te fumás los ahorros, después te endeudás”, relata.

Los testimonios se multiplican. Mariela, empleada estatal en silla de ruedas, debe millones en intereses. Laura, madre de un hijo con discapacidad intelectual, refinanció dos veces y no llega: gana 1.400.000 pesos y el sueldo se le vacía en 48 horas. Patricio, paisajista con discapacidad motriz, pidió un préstamo pequeño que nunca pudo cancelar y hoy recibe amenazas. Andrea, con esquizofrenia paranoide, se endeudó para pagar la luz. Patricia, usuaria de silla de ruedas, se endeudó cuando se le rompió un joystick que la obra social no cubre.

El propio Estado es el mayor deudor: Incluir Salud les debe a las instituciones de apoyo y rehabilitación. El Instituto IRAM de Córdoba, especializado en síndrome de Down, tiene pagos atrasados por más de 148 millones de pesos desde noviembre de 2025. “Estamos debiendo sueldos desde mayo”, dice Norma, directora de la institución.