Agua más cara y en manos privadas: AySA propone un nuevo cuadro tarifario tras venderse por US$340,2 millones, muy por debajo de lo esperado
Casi 2 millones de hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires podrían enfrentar aumentos promedio del 22,6% en sus facturas de agua y cloacas, en el marco de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La empresa presentó un nuevo esquema tarifario que contempla incrementos de hasta el 149% en determinados casos, mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con la entrega del 90% de las acciones a un consorcio privado por US$340,2 millones, una cifra inferior a los US$500 millones que esperaba recaudar.
La propuesta comenzó a discutirse este lunes en una audiencia pública virtual convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). El proyecto contempla aumentos para 1.998.747 usuarios residenciales (60% del total): la factura media mensual pasaría de $29.116 a $35.710, una diferencia de $6.594. También establece reducciones para 683.927 usuarios (20%) con una baja promedio del 14,7%, mientras 672.194 hogares mantendrían sus facturas sin cambios. Considerando el conjunto, el incremento promedio sería del 11,4%, con una factura que pasaría de $27.156 a $30.250 mensuales sin impuestos.
El cambio central consiste en reemplazar el actual sistema de coeficientes zonales por una clasificación territorial basada en información censal y niveles de ingresos. AySA propone reducir de 11 a 5 los coeficientes para usuarios sin medidor, con valores entre 0,75 y 2,75. Sin embargo, detrás de los promedios aparecen incrementos muy superiores: la documentación contempla ajustes de hasta el 149% por la combinación entre reclasificación territorial y eliminación de bonificaciones. Las subas superiores al 100% alcanzarían al 3% del universo residencial.
Para moderar el impacto, AySA propone límites mensuales del 5% acumulativo y retirar progresivamente, en tres etapas, el descuento adicional del 15% que reciben algunos hogares. La compañía estima que las modificaciones incrementarán su recaudación un 7,3%, equivalente a $140.057 millones a valores de septiembre, recursos que según su presentación se destinarían íntegramente al programa de tarifa social.
La discusión tarifaria coincide con una privatización atravesada por cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y los vínculos políticos de los empresarios interesados. El Gobierno adjudicó la venta al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX AQUA AR y Transclor. Además de que el monto quedó por debajo de la referencia oficial, se sumaron cuestionamientos por posibles conflictos de intereses vinculados con aportantes a la campaña electoral de La Libertad Avanza. Las observaciones apuntan especialmente a los vínculos de Rowing con Equo Capital, grupo relacionado con Direct Group y Lógico, empresas que aportaron 20 millones de pesos cada una a la campaña libertaria porteña de 2025. Legisladores opositores presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investigue la tasación de la compañía, que quedó en manos de una unidad especial del BICE.
