Récord de suicidios y menos Estado: la política oficial delega en las aulas la prevención mientras vacía hospitales y flexibiliza internaciones
El Gobierno nacional lanzó la “Estrategia Federal en Adolescencia” (también llamada Programa de Bienestar Emocional en Escuelas de Argentina), destinada a detectar señales de malestar psíquico en jóvenes de 13 a 17 años dentro de las escuelas. En paralelo, impulsa una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que, según la autora, reintroduce diagnósticos cerrados y flexibiliza las internaciones involuntarias por indicación médica exclusiva, dejando de lado la evaluación interdisciplinaria.
La OMS ubica al suicidio como una de las principales causas de muerte entre los 15 y 29 años. En Argentina, en 2025 se registró un récord histórico de 5.209 casos consumados, y el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 34 años. Abordar esta crisis requiere superar explicaciones unicausales: el desmantelamiento de los lazos comunitarios, la desocupación, la precariedad laboral y la asfixia económica operan como un “plus de violencia sobre el psiquismo”, un malestar “sobrante” que es evitable y engendrado por un sistema excluyente.
El Estado, en lugar de garantizar derechos, selló un convenio entre Salud y Seguridad para capacitar a efectivos policiales en la detección de “riesgo” psíquico. Este enfoque sustituye la intervención sanitaria por la gestión de la peligrosidad, criminalizando el padecimiento. Además, el presupuesto de salud mental de CABA destina el 75,6% a hospitales monovalentes mientras asfixia los programas de externación. Instituciones como el Hospital Laura Bonaparte sufren vaciamiento.
A esto se suma la manía oficial de lanzar programas sin asignación presupuestaria, como el Plan Nacional de Autismo (Resolución 1115/2026), que se implementará “sin erogación”. Se sospecha que esta pesquisa funcione como un filtro para restringir el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), operando como un ajuste encubierto.
La escuela es señalada como la encargada de absorber la demanda de contención, pero sus condiciones de trabajo están precarizadas: la eliminación del FONID y el pluriempleo producen agotamiento crónico. Los programas de “educación socioemocional” exigen al estudiante gestionar sus afectos ante la marginación como si se tratara de meras habilidades intrapersonales, deshistorizando la angustia y culpabilizando al individuo.
La escuela no puede operar en soledad. Su lugar es alojar, construir puentes y tramar redes territoriales, articulando intersectorialmente el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para ello es indispensable que los centros de salud y otras agencias estatales estén presentes, financiadas y coordinadas.
