Adiós a los controles estatales: el INTI deja de controlar alimentos, agua y materiales de construcción; los privados se autorregularán
El gobierno de Javier Milei oficializó el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante una resolución que dispone el cese de 1.004 servicios de control de calidad y seguridad en todo el entramado productivo del país. A partir de ahora, las tareas de inspección, observación y registro de productos quedarán en manos de las propias empresas privadas, sin supervisión estatal.
La medida tiene efecto inmediato, aunque los convenios vigentes se respetarán hasta su finalización. También se dispuso un plan de transición para cerrar los servicios y preservar los registros históricos del instituto, que funcionaba desde hace 69 años.
Los sectores afectados incluyen alimentos, bebidas, calidad del agua, materiales de construcción, control contra incendios, transporte, automotrices, electricidad, electrónica, software, telecomunicaciones, química, madera, metal y materiales de salud. En alimentos, por ejemplo, ya no se detectará la presencia de patógenos como salmonella o E. coli, ni se controlarán envases plásticos que puedan contaminar los productos. Tampoco se supervisarán efluentes industriales ni la calidad del agua.
El gobierno justificó la medida argumentando que “la evolución de las capacidades tecnológicas del sector privado” hace innecesaria la intervención del Estado, y que los controles públicos “distorsionan el mercado” y “desincentivan la inversión”. El ministro Federico Sturzenegger celebró en redes sociales la decisión y afirmó que el INTI “ofrecía servicios a un precio muy bajo”, lo que a su juicio significaba que “el contribuyente financiaba un subsidio a ciertas empresas”.
La resolución fue firmada por el presidente del INTI, Miguel Ángel Romero, y sus vicepresidentes Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano, y publicada en el Boletín Oficial.
