Un ajuste muy a medida del fondo buitre Burford
El procurador del Tesoro, vinculado al fondo buitre que pretende quedarse con YPF, despedirá 60 funcionarios y cerrará áreas técnicas. El desarme de la defensa del Estado argentino.
En medio de la disputa con la justicia estadounidense por el caso YPF, desde el gobierno nacional anunciaron la publicación en el Boletín Oficial de un inminente recorte en la Procuración del Tesoro Nacional, el organismo que representa y defiende al Estado nacional en los juicios, además de dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado. Si bien justifican la reducción de personal en la política de ajuste que implementa la gestión libertaria, también sostienen que es preciso hacerla por unas supuestas filtraciones que representan una posible “venta de información” al fondo Burford Capital. Paradójicamente, la Procuración –y también su desguace–, está a cargo de Santiago Castro Videla que, a su vez, es socio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, quien fue contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital, el fondo que compró el litigio del Grupo Petersen, y que logró que la justicia estadounidense fallara contra la Argentina en el juicio por la estatización de la petrolera. Para quienes conocen el funcionamiento de la Procuración del Tesoro “esto, en realidad, es el estudio de Bianchi desarmando la defensa del Estado argentino”.
El actual procurador y Bianchi compartían el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla hasta hace poco tiempo y, por más que Castro Videla no habría participado directamente en la causa, el haber compartido estudio con Bianchi hizo que en la actualidad no pueda estar al frente del litigio por YPF y hay sospechas de la existencia de un conflicto de intereses. Castro Videla ingresó como titular de la Procuración del Tesoro en febrero de este año, cuando reemplazó a Rodolfo Barra, quien también se había excusado de intervenir en el juicio por la estatización de YPF, por haber emitido una opinión técnica de la causa años atrás.
Desde la Casa Rosada, antes de hacer el anuncio oficial de que al día siguiente saldría en el Boletín Oficial el desguace del organismo que defiende al Estado, dejaron correr un rumor: Que los despidos se harían porque aseguraban tener pruebas de que funcionarios de ese organismo filtraron y vendieron información confidencial sobre la causa del Estado Nacional contra Burford Capital, por la estatización de YPF. No explicaron de qué forma se enteraron que eso supuestamente había ocurrido y tampoco detallaron quiénes son los empleados que despidieron o despedirán por ese motivo.
Aquellos que conocen el funcionamiento interno de de la Procuración advirtieron que “el supuesto escándalo de la filtración vendría como anillo al dedo, para justificar el vaciamiento“. Además, alertan que esa supuesta “reestructuración”, caería sobre la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), que es un órgano de capacitación especializada de los asesores jurídicos y abogados litigantes que actúan para el Estado.
“‘Achicar el Estado es agrandar la nación’, decía una propaganda de la última dictadura. ‘Dejarlo indefenso, también’, dirán ahora”, añaden y consideran que, en caso de que haya algún sospechoso de trabajar para los fondos buitres, ese sería quien fue socio de Bianchi, es decir, el propio procurador. “Desguazar al Estado y desarmar a sus equipos técnicos les permitirá ganar más a ellos”, puntualizan. Y señalan: “Esto, en realidad, es el estudio de Bianchi desarmando la defensa del Estado argentino”. “Ellos trabajan para los buitres y descubren filtraciones hacia los buitres, es paradójico”, concluyen irónicos.
No es para menos lo que sostienen los conocedores de los pasillos y despachos de la Procuración. Destacan también que el bufete que compartía Castro Videla con Bianchi tiene como especialidad litigar justamente contra el Estado, el que ahora representa Castro Videla. O sea, es también su metier
