Sturzenegger prepara un DNU con la idea de “destruir el Estado desde adentro” que planteó Milei
El flamante ministro de Desregulación pretende avanzar lo más posible en el desguace de las políticas públicas vigentes. Lo hará en uso de las facultades que le otorga la Ley Bases. Será su primera medida desde que asumió formalmente. Preocupación ante una nueva ola de despidos masivos.
Los funcionarios que responden a Sturzenegger, según trascendió, todavía están ajustando los últimos detalles del decreto, por lo que la lista final de organismos públicos por los que pasará la motosierra todavía no fue confirmada. Sin embargo, desde el Gobierno pusieron algunos ejemplos de los que serán alcanzados por el desguace, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que todavía –pese a los despidos masivos y los sucesivos anuncios de disolución– permanece dentro del organigrama del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
Si bien la medida será anunciada como el debut de Sturzenegger como ministro con plenas funciones, lo cierto es que el trazo grueso ya estaba contemplado en la Ley Bases. Más específicamente en el capítulo que introdujo la Reforma del Estado, a través de la cual el Congreso facultó al Gobierno a disponer arbitrariamente la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial” de los organismos que forman parte de la estructura estatal. La intención del ministro no es otra que comenzar a aplicar esa norma en lo concreto.
El precedente de la Ley Bases
Producto de las modificaciones que sufrió la ley Bases en el Senado, igualmente, hay varios organismos que quedaron excluidos y a salvo de la poda, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), entre muchos otros. Sobre el resto –la lista que manejan en la Rosada es de unos 60– el Gobierno está en condiciones de avanzar.
De todos modos, y tratándose de Sturzenegger, hay quienes señalan que el anuncio tiene algo –o bastante– de inflado. Un caso concreto es el INADI, uno de los ejemplos que pone la Rosada sobre el plan de desguace que se viene: el vocero Manuel Adorni ya había comunicado en febrero que había “dejado de existir”, por lo que norma confirmaría en los papeles lo que ya es un hecho.
Hay, además, algunos otros casos que ya fueron anunciados por el Gobierno, desde la eliminación del ministerio de las Mujeres al cierre con despidos masivos de organismos como el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e indígena (INAFCI) o de áreas sensibles del Estado como los 59 Centros de Referencia (CDR) que dependían de Pettovello y eran la pata territorial de su ministerio. Con las dos tandas de despidos masivos de empleados públicos, en abril y julio, Milei ya cumplió con buena parte de su tarea de dejar tierra arrasada.
Página/12 consultó si existía algún criterio para la supresión de organismos, y la respuesta fue la habitual: que el Gobierno busca “desregular” todo lo que esté a su alcance y eliminar los supuestos “curros” de las gestiones anteriores, mismo argumento que se utilizó, por ejemplo, para liquidar el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) sin aportar una sola prueba fehaciente de los casos de “corrupción” denunciados. En esa línea, se especula que los organismos vinculados a las políticas públicas destinadas a las organizaciones sociales y culturales caigan en la volteada del DNU de Sturzenegger.
