Abogada ambientalista denuncia persecución policial y judicial

Mara Puntano fue acusada de obstruir el paso durante una manifestación en la plazoleta IV Siglos, un lugar usado habitualmente para todo tipo de actividades, aún las oficiales.

La abogada Mara Puntano denunció que fue notificada por la Policía de una imputación contravencional por una supuesta obstrucción del paso peatonal mientras participaba de una manifestación de la Red de Luchas Socioambientales en la plazoleta IV Siglos, en la ciudad de Salta.

Puntano aseguró que la acusación se inscribe en una persecución estatal sostenida contra la protesta que el colectivo realiza todos los jueves.

Desde hace más de tres años, todos los jueves, la protesta de la Red de luchas Socioambientales se instala en la ciudad de Salta para denunciar desmontes, megaminería, fumigaciones y contaminación del agua. Durante la mayor parte del año se ubican en la Plaza Güemes frente a la Legislatura provincial y durante el receso legislativo, en la Plazoleta IV Siglos.

La protesta incluye pancartas, carteles pintados por artistas locales, un megáfono y planillas para juntar firmas. “Hace 182 jueves que estamos”, afirmó Puntano.

La abogada explicó que el hostigamiento no es nuevo. “La policía siempre pide los datos, desde el comienzo, incluso cuando estábamos frente a la Legislatura”, señaló. Aclaró que la presencia policial es constante, pero que en lo que va de 2026 “la actuación policial es mucho más violenta”.

En la plazoleta IV Siglos, detalló, se suman además los inspectores municipales. “Primero van los inspectores de la Municipalidad a pedir los datos y después viene la policía”, relató. Según explicó, los inspectores exigen el retiro de pancartas y cartelería, pero “Nunca muestran nada por escrito”.

Puntano subrayó que la protesta no obstruye el paso peatonal ni interfiere con otras actividades. “Nosotros colgamos las pancartas con una soguita y broches. No obstaculizamos el paso de ninguna manera”, explicó. Incluso, recordó que en años anteriores la convivencia con artistas callejeros y espectáculos fue pacífica.

Relató que el 12 de febrero se desplegó un operativo policial inusual. “Acumularon mucho, mucho, policía en la esquina y después vino una cuadrilla entera con policía femenina y comisarios a notificarme”, contó. Según precisó, le exigieron que firmara una notificación por una imputación contravencional impulsada por una fiscalía contravencional.

“La contravención que me imputan es obstaculizar el paso de los peatones”, explicó antes de negar esa acusación. La plazoleta IV Siglos suele ser un lugar común de manifestaciones artísticas, sociales, políticas y comunitarias. “Ese día no había espectáculo oficial de la Municipalidad, solo artistas callejeros”, sostuvo Puntano y recalcó que no había ningún reclamo o denuncia contra la protesta que realizaban.

La abogada decidió no firmar la notificación. “Ejercer un derecho constitucional jamás puede ser una falta”, afirmó. Explicó que someterse a ese tipo de procesos implica aceptar restricciones a la libertad. “Lo primero que hacen es imponerte restricciones para que no te puedas manifestar de nuevo”, advirtió.

Puntano fue especialmente crítica con el rol del Ministerio Público Fiscal. Señaló que mientras se avanza contra una protesta pacífica, otros delitos graves quedan sin respuesta. “Hay trata de personas, inseguridad y delitos ambientales gravísimos, pero todos los policías estaban rodeándonos a nosotros”, sostuvo.

También señaló que ese día, mientras numerosos efectivos rodeaban la protesta, a pocas cuadras se producía una pelea entre personas armadas con cuchillos sin intervención policial.

La defensora del ambiente vinculó el hostigamiento con el contenido del reclamo y con la ubicación de la protesta, a pocos metros de la Secretaría de Minería provincial. “Estamos diciendo verdades que molestan”, afirmó. “Denunciamos la contaminación del agua, del suelo y del aire, y la relación directa con las enfermedades y el aumento del cáncer en la población”, expresó.

Advirtió asimismo que la imputación y el hostigamiento buscan desalentar la protesta y expulsar a las organizaciones sociales del espacio público. “Quieren que no estemos en la calle, que no señalemos lo que pasa. Pero el espacio público es de todos y la protesta es un derecho”, manifestó. “Estamos diciendo verdades, verdades que incomodan a quienes provocan el ecocidio y el genocidio de los pueblos”, añadió.

La abogada sostuvo que el reclamo socioambiental se basa en hechos concretos y verificables. “Invitamos a todos los ciudadanos a que, si no nos creen, vayan hospital por hospital y vean lo que está pasando: el aumento del cáncer en la población, el nacimiento de niñitos con leucemia. No es casualidad. Es consecuencia directa de la contaminación del agua, del suelo y del aire, de las fumigaciones”, señaló.

Según explicó, esa es la “peligrosidad” que el poder político y económico les atribuye. “Eso es lo que quieren acallar. Por eso nos persiguen, y esto no empezó ahora: viene de hace rato, en ese territorito céntrico que es la plazoleta IV Siglos”, sostuvo.

Puntano detalló los mensajes que la Red de Lucha Socioambiental exhibe en sus pancartas. “¿Cuál es la peligrosidad? Un cartel que diga ‘el agua vale más que el oro’, ‘basta de genocidio’, ‘basta de muerte de los niñitos wichí’, ‘el Estado es responsable’, ‘los glaciares no se tocan’, ‘basta de desmonte’”, enumeró. Y agregó: “Decimos que los desmontes traen dengue, zika y chikunguña, que los desmontes provocan inundaciones”.

En ese sentido, vinculó la persecución con intereses concretos. “Esa es la peligrosidad que ven los ecocidas y los genocidas”, afirmó. Y concluyó: “Quieren sacarnos de la calle, de los espacios públicos que son de todos”. La abogada interpretó esta persecución de la protesta dentro del contexto de represión que se ejerce a nivel nacional.

Los reclamos de la red

La protesta de la Red de Luchas Socioambientales de Salta se desarrolla en un escenario provincial marcado por la expansión del modelo extractivo, en particular de la megaminería y del agronegocio, con fuerte respaldo estatal. En los últimos años, Salta consolidó su perfil como provincia minera, con proyectos de litio, oro y cobre en la Puna y en territorios habitados por comunidades indígenas, mientras avanzaron desmontes de bosques nativos y políticas de flexibilización ambiental

Uno de los ejes centrales del reclamo es la oposición a cualquier intento de modificar la Ley Nacional de Glaciares (26.639), ante la posibilidad de habilitar la explotación minera e hidrocarburífera en áreas glaciares y periglaciares. La Red advierte que una reforma de esa norma favorecería a grandes empresas del sector, entre ellas Barrick Gold, Glencore, Eramet, Ganfeng Lithium, POSCO, Rio Tinto y Arcadium Lithium, sin garantizar mejoras estructurales para las poblaciones locales.

A nivel provincial, el espacio también cuestiona la adhesión de Salta al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la aprobación de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que habilita nuevos desmontes. Según denuncian, estas medidas agravan la deforestación, la desertificación y la falta de acceso al agua potable, especialmente en territorios indígenas.

Además, la Red reclama el cese de la criminalización de defensores y defensoras del territorio, entre ellos referentes de comunidades kolla y wichí, y exige que el Estado garantice el derecho constitucional a la protesta. También es solidaria con luchas socioambientales en otras provincias, como Mendoza y Chubut. La Red exigió el cese de las causas judiciales, la absolución de personas imputadas por defender el agua y el territorio, y el respeto al derecho constitucional a la protesta.

“Defender el agua, el monte y el territorio no es delito”, sostiene este espacio que integran también la Red de Derechos Humanos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y personas autoconvocadas.