La motosierra mata: Murió Lucas Amaya, el músico de Burzaco que no recibió a tiempo su medicación oncológica
Lucas Facundo Amaya, músico y referente cultural de Burzaco, falleció esta madrugada a los 36 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su muerte se produjo luego de que el Estado nacional suspendiera la entrega de la medicación oncológica que necesitaba para continuar su tratamiento, una situación que afectó a miles de pacientes en todo el país desde diciembre pasado.
Lucas recibía atención en el Instituto Marie Curie de la Ciudad de Buenos Aires y formaba parte de la roda de samba Turma Pagodera. Hacía más de tres años que enfrentaba la enfermedad con fuerza, hasta que el Ministerio de Salud de la Nación desmanteló el área encargada de suministrar medicamentos oncológicos y suspendió convenios clave, lo que dejó a pacientes como él sin acceso a tratamientos esenciales.
Durante semanas, Lucas y su entorno reclamaron públicamente por la entrega de la medicación. Finalmente, gracias a gestiones de la Asociación Civil Sostén, logró acceder a los fármacos, pero ya era tarde: la enfermedad había avanzado de manera agresiva y su cuadro se tornó irreversible. Días atrás, los médicos le informaron que no había posibilidad de cura y fue derivado a su casa para cuidados paliativos.
La historia de Lucas no es un caso aislado. Según datos de la Federación de Profesionales de la Salud, al menos 60 pacientes con cáncer fallecieron en los últimos meses sin haber recibido la medicación correspondiente. La paralización del programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, junto con la interrupción en la entrega de medicamentos, generó un vacío de atención médica que expuso a cientos de personas en situaciones críticas.
Lucas Amaya murió esperando lo que debería haber sido un derecho: acceder a la medicación que podía darle más tiempo y calidad de vida. Su caso, visibilizado por familiares, amigos y organizaciones sociales, refleja las consecuencias humanas del ajuste en salud pública, en un contexto donde la pérdida de recursos estatales se traduce, muchas veces, en la pérdida de vidas.
