El gobierno de Milei al borde del desacato
El Gobierno nacional reglamentó este martes la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio de 2025, luego de un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata. La medida se formalizó a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.
La decisión responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró la invalidez de un decreto previo que había suspendido la ley por falta de financiamiento. El fallo establecía como fecha límite para su implementación el miércoles 4 de febrero, por lo que la reglamentación fue dictada en la antesala de ese vencimiento.
La norma crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad y define los criterios de acceso, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control.
En los considerandos del decreto, se señala que el sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad.
Asimismo, el decreto incorpora a la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando allí la política pública del área. También instruye a esta secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica y presentar, en un plazo de 30 días, un plan de auditorías periódicas. Además, la faculta a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación de la ley.
La reglamentación establece, además, la conversión automática de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implica la identificación, el relevamiento y la verificación de las condiciones de las prestaciones vigentes.
Por último, se prevé que las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad se implementen mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con sus competencias y disponibilidades presupuestarias. La norma rige desde el 3 de febrero de 2026.
