Conflicto por universidades: la Casa Rosada buscará llevar el caso a la Corte Suprema
El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y anticipó que presentará un recurso extraordinario para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión surge luego de que la Justicia Federal ordenara aplicar la norma, que contempla la recomposición salarial para trabajadores universitarios y el financiamiento de becas estudiantiles. Desde la Casa Rosada indicaron que avanzarán con un recurso extraordinario federal, una herramienta que permite que la Corte revise sentencias cuando se cuestiona la interpretación de la Constitución o leyes nacionales.
En caso de que ese recurso sea rechazado, el Ejecutivo evalúa presentar una queja directa ante el máximo tribunal para insistir con la revisión del fallo.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2024. Aunque el presidente Javier Milei la vetó inicialmente, el Parlamento la ratificó con los dos tercios necesarios. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la norma sin asignarle presupuesto y suspendió su aplicación mediante un decreto.
El Gobierno argumenta que la implementación de la ley tendría un fuerte impacto fiscal y sostiene que es necesario definir previamente las fuentes de financiamiento. Por ese motivo, busca evitar su cumplimiento mientras se revisa el esquema presupuestario.
Tras la presentación de un amparo por parte del Consejo Interuniversitario Nacional, el juez federal Martín Cormick ordenó aplicar la ley y actualizar salarios y becas, además de suspender el decreto que había frenado su ejecución. El fallo fue ratificado recientemente, lo que reactivó el conflicto.
Desde el ámbito universitario reclamaron el cumplimiento de la resolución judicial. Autoridades académicas señalaron que la continuidad de las medidas de fuerza docentes está vinculada a la falta de actualización salarial y advirtieron sobre el impacto en el calendario académico.
Mientras tanto, el Gobierno también analiza enviar al Congreso un proyecto para modificar la ley vigente, en un intento por redefinir el esquema de financiamiento universitario.
