A días del 24 de marzo, el gobierno de Milei reedita los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos
El secretario de Derechos Humanos de la Nación (SDH), Alberto Baños, desvinculó a abogados y peritos que intervienen en los juicios de lesa humanidad. Una organización de militares había señalado a dos de los profesionales que fueron echados.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación (SDH), Alberto Baños, decidió apurar el proceso de destrucción del organismo cuando faltan diez días para la conmemoración de los 49 años del último golpe de Estado. Con un correo enviado en la noche del jueves, Baños decidió prohibir el ingreso de más de 40 trabajadores que se desempeñan en la SDH. La Policía Federal Argentina (PFA), apostada en el ingreso de la sede de la dependencia, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ejecutó las órdenes. Entre los despedidos están peritos y abogados que intervenían en las causas de lesa humanidad. Algunos de ellos son, además, delegados sindicales.
Fue una semana complicada en la SDH. El lunes, los trabajadores organizaron una asamblea. Una agente de la PFA se dedicó a filmar la reunión y a sus participantes. La sospecha es que los videos llegaron directamente al teléfono de Baños. Esa misma tarde amenazaron con despedir a dos trabajadoras del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) que habían participado del debate.
El miércoles, altos funcionarios de la SDH se dedicaron a arrancar carteles con reclamos sindicales. El mismo Baños bajó para deshacerse de algunas de las pegatinas mientras les decía a los empleados que fueran a trabajar.
–Acabamos de lograr el procesamiento de dos ejecutivos de Astarsa. Andá a laburar vos– contestó, furioso, Fernando Almejún, abogado querellante en las causas de Campo de Mayo y delegado sindical.
Baños se fue refunfuñando. La operación “limpieza” tenía un fin: ese día llegó un equipo de filmación de Presidencia para registrar imágenes en la ex-ESMA. Es probable que el Gobierno de Javier Milei esté preparando un spot como el que difundió el 24 de marzo pasado –cuando negaba la cifra de desaparecidos y planteaba la lucha por verdad y justicia como un “curro”.
El jueves por la noche, llegó una nota de Baños en la que decía que quienes cesaban el 31 de marzo por “decisión propia” –por el retiro poco voluntario que ofrece el Ministerio de Justicia– o por decisión de sus superiores “en virtud de su no apego al trabajo” estaban licenciados y que se les prohibiría el ingreso a la SDH. La nota encomendaba también a los directores nacionales a proceder a la “detección” de estos empleados si lograban ingresar a sus puestos de trabajo.
