La ultraderechista Keiko Fujimori fue confirmada como presidenta de Perú

El Perú se enfrenta al abismo del retorno del autoritarismo fujimorista. Tres semanas después de la elección presidencial, las autoridades electorales han dado este lunes el resultado de la votación, que le da el triunfo a la ultraderechista Keiko Fujimori con el 50,13 por ciento, una ventaja de apenas 49.600 votos, el 0,27 por ciento. Este viernes será la proclamación de Fujimori como presidenta electa y asumirá el cargo el 28 de julio por cinco años. Es el regreso al poder de la familia Fujimori -dinastía política marcada por la corrupción, el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos-, 26 años después de la caída del dictador Alberto Fujimori. La hija del fallecido autócrata, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, ha dicho que quiere gobernar como lo hizo su padre. Un anuncio de que el negro pasado de la dictadura fujimorista vuelve. La trayectoria política de Keiko confirma su estrecho compromiso con el autoritarismo.

A los 51 años, Keiko Fujimori llega a la presidencia por un puñado de votos en su cuarto intento. Su rival en el balotaje, el progresista Roberto Sánchez, ha denunciado un fraude en el voto de los peruanos en el exterior por un cambio en las reglas que eliminó la digitalización de esas actas en los centros de votación antes de ser transportadas al Perú, y ha demandado anular esa votación, pero no ha encontrado una respuesta positiva en las autoridades. Frente a esta situación, Sánchez ha dicho que no reconocerá el gobierno de Fujimori. El candidato de la izquierda ganó ajustadamente la votación dentro del Perú, pero Fujimori volteó el resultado con la importante ventaja que tuvo en el voto en el exterior.

Un ciclo de inestabilidad política
Con el triunfo electoral en las manos, Keiko, que no reconoció sus derrotas en las elecciones que perdió, esta vez ha dicho, en referencia a los cuestionamientos a la votación en el exterior, que cuestionar el resultado oficial es ir contra la democracia. No es la única contradicción entre su discurso en el triunfo con su conducta en la derrota. Cuando perdió las dos elecciones anteriores utilizó su fuerza parlamentaria para boicotear y desestabilizar los gobiernos de los presidentes que la derrotaron –el derechista Pedro Pablo Kuczynski y el izquierdista Pedro Castillo-, abriendo un ciclo de inestabilidad política, con ocho presidentes en los últimos diez años. Ahora dice que lo responsable es apoyar a quien ganó las elecciones, señala que quiere tender puentes y llama a la unidad en torno a su gobierno.

Desde la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, el fujimorismo, la principal bancada de una coalición de derecha y ultraderecha con amplia mayoría en el Congreso, ha controlado el poder desde el Parlamento y ha impuesto un régimen parlamentario autoritario y ultraconservador, que se profundizaría con el control directo de la presidencia. Desde el Congreso, el fujimorismo ha capturado la mayor parte del sistema de justicia, ha destituido autoridades que no se le sometieron y aprobado leyes que debilitan el combate al crimen organizado y favorecen la impunidad de la corrupción y para los violadores de los derechos humanos. Un anuncio de lo que será la presidencia de Keiko Fujimori.

Tiempos de persecución
Cuando se prepara para asumir el gobierno, el fujimorismo ha aprobado en el Congreso una acusación contra el periodista Gustavo Gorriti, que puso al descubierto los vínculos de importantes políticos, entre ellos Keiko Fujimori, con la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, y reveló la existencia de una mafia judicial ligada al fujimorismo, y contra los fiscales y procuradores que participaron en la investigación del caso Odebrecht que llevó a Keiko a un proceso judicial por lavado de millones de dólares, del que se libró por una decisión del Tribunal Constitucional que controla. Esta acusación ha pasado a la Fiscalía de la Nación que es funcional al fujimorismo. Una venganza y una amenaza a periodistas y magistrados que pretendan investigarlos.

No es la única amenaza que anuncia tiempos de persecución. Hace unos días, la Procuraduría del Estado –dependiente de un gobierno sobre el cual el fujimorismo tiene un evidente poder- denunció penalmente a dirigentes y activistas políticos y sociales, y periodistas de la prensa alternativa, por opinar respaldando las movilizaciones convocadas por Roberto Sánchez denunciando irregularidades en la elección de Fujimori. En los últimos días, el fujimorismo y sus aliados han aprobado en el Congreso una ley por la cual militares y policías acusados de asesinato y otros delitos serán juzgados en el fuero castrense, una garantía de impunidad que prepara el terreno para los abusos en la represión a las protestas sociales.

“El ADN histórico del fujimorismo”
En declaraciones a Página/12, el historiador y antropólogo Carlos Monge, investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), señala que el escenario más probable en un gobierno de Keiko “es uno que resulta del ADN histórico del fujimorismo, que es corrupto, autoritario y violador de los derechos humanos. Eso se ha visto comprobado por el comportamiento antidemocrático de Keiko”.

“Del gobierno de Keiko Fujimori -precisa Monge- se puede esperar en lo económico un neoliberalismo con una política totalmente favorable al gran capital, abandono de los pequeños productores y una desregulación laboral y ambiental, autoritarismo en lo político y populismo clientelista en su relación con los sectores más pobres que no la han apoyado electoralmente para tratar de comprarse una base social. Frente al crecimiento insoportable de la delincuencia habría una respuesta tipo Bukele, confiando que eso le gane al gobierno una simpatía inmediata porque la gente está desesperada. Habrá mano dura contra la delincuencia, pero también contra el movimiento social, la oposición política y la prensa libre, como ha pasado en todas partes del mundo cuando se inician estos proyectos de control fascistoide”.

El investigador de Desco se refiere también a lo que sería la política internacional del nuevo régimen fujimorista: “Como parte de esta marea fascistoide en la región, Keiko va estar en primera instancia muy alineada con Trump, pero va a estar atrapada en un dilema geopolítico entre la voluntad política de un alineamiento total con Estados Unidos y la conveniencia económica de mantener la relación estratégica comercial y de inversiones con China, que tiene el mayor peso en la economía peruana”.

En el nuevo Congreso, que después de más de 30 años vuelve a tener dos cámaras, el fujimorismo no tendrá mayoría absoluta, como la tiene ahora. En el Senado, en alianza con la ultraderechista Renovación Popular suma 30 senadores de 60. En la cámara de Diputados, esta alianza tiene 56 legisladores de 130. Junto por el Perú de Roberto Sánchez y dos bancadas aliadas tienen 23 senadores y 56 diputados. El reto de la oposición democrática es consolidar esta alianza y sumar a la sexta bancada del Parlamento, el centroderechista Partido del Buen Gobierno, convertido en fiel de la balanza.

“Como en los años 90 –dice Monge- hay que organizar una resistencia democrática desde abajo. Evitar que se consolide un proyecto autoritario dependerá de la claridad de la resistencia democrática en la calle y de la capacidad de armar una coalición en el Congreso que impida que el fujimorismo siga avanzando en el copamiento de todos los poderes del Estado”.

En su proyecto autoritario, el fujimorismo tiene, como en la dictadura de Fujimori en los años 90, el respaldo del poder económico beneficiado con su política, los militares a quienes les da carta libre para reprimir y les asegura impunidad, y los grandes medios. La oposición democrática tiene las calles, las organizaciones sociales, el espacio que queda en el Congreso y la prensa independiente.