Una contrarreforma desde la Provincia: Kicillof reactiva un proyecto para resolver conflictos laborales antes de ir a juicio

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En la antesala de un nuevo capítulo del debate por la reforma laboral en el Congreso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a poner en agenda un proyecto propio que busca modificar de manera estructural la forma en que se resuelven los conflictos laborales. Se trata de la iniciativa que crea la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP), enviada a la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof en junio de 2025 y recientemente defendida por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

Desde el Ejecutivo provincial presentan la propuesta como una alternativa —e incluso una contrarreforma— frente al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, cuya discusión parlamentaria fue postergada hasta febrero tras no reunir los consensos necesarios a fines de 2025. Mientras la iniciativa nacional apunta a recortar derechos laborales, la apuesta bonaerense busca fortalecer mecanismos de conciliación sin modificar el piso de garantías vigentes para trabajadores y trabajadoras.

“Estamos en contra de una reforma que a quienes tienen derechos se los quite y a quienes no los tienen tampoco se los garantice”, sostuvo Correa en declaraciones radiales.

La propuesta establece que ningún reclamo laboral podrá llegar a la Justicia sin antes atravesar de manera obligatoria una instancia de conciliación prejudicial. El objetivo es promover acuerdos tempranos entre las partes, reducir la litigiosidad y evitar los costos económicos y el desgaste que implica un proceso judicial prolongado.

El proyecto también prevé la creación de un Registro de Conciliadores Laborales, que funcionará bajo la órbita de los ministerios de Trabajo y de Justicia y Derechos Humanos, desde donde se designarán los profesionales encargados de conducir las audiencias.

El impulso de la iniciativa se apoya en un diagnóstico crítico del sistema judicial laboral. Según datos de la Suprema Corte bonaerense, solo en 2023 se iniciaron más de 92 mil causas laborales, mientras que el acumulado entre 2007 y 2023 supera los 1,4 millones de expedientes. “Tenemos un cuello de botella de casi 100 mil juicios laborales que podemos descomprimir”, señaló Correa, al reclamar que la Legislatura avance con el tratamiento del proyecto.

El texto establece el principio de gratuidad para la parte trabajadora, crea un fondo específico para financiar el funcionamiento del ICLOP y contempla sanciones por incomparecencia injustificada a las audiencias. Además, la presentación del reclamo suspende los plazos de prescripción y fija un plazo máximo de veinte días hábiles para intentar arribar a un acuerdo. En caso de no lograrlo, el conflicto puede ser judicializado.

Desde el gobierno bonaerense remarcan que el proyecto retoma experiencias ya existentes, como el SECLO a nivel nacional y mecanismos similares en otras provincias. De hecho, según estadísticas oficiales, más de la mitad de las causas laborales se resolvieron por acuerdos conciliatorios en 2023.

El contraste con la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional es marcado. El proyecto libertario propone reducir indemnizaciones, flexibilizar jornadas laborales, habilitar el pago de salarios en dólares o billeteras virtuales y limitar el derecho a huelga en amplios sectores. “Nada tiene de moderno que se trabaje 13 horas por día”, afirmó Correa, quien planteó que el eje de una verdadera reforma debería ser la formalización del empleo y la mejora de la calidad del trabajo.

En paralelo, la Provincia avanza con iniciativas para regular el trabajo en plataformas digitales y fortalecer la formación laboral, con una red de 366 centros que capacitaron a más de 100 mil trabajadores durante 2025.

Con el reinicio de la actividad legislativa en febrero, el debate promete escalar. Mientras el gobierno nacional buscará reactivar su reforma laboral, la Provincia intentará instalar un enfoque propio, centrado en la conciliación, el rol del Estado y la defensa de los derechos laborales. El ICLOP, por ahora, sigue a la espera de su tratamiento en el recinto.

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